Qué ha cambiado

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado la versión pública del Análisis Nacional de Riesgos 2026 (ANR 2026). Este documento constituye la referencia técnica e institucional en España para identificar, evaluar y comprender los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que inciden en el sistema socioeconómico nacional.

La publicación del ANR 2026 supone la actualización del marco que fundamenta el enfoque basado en el riesgo en nuestro país. A partir de este diagnóstico oficial, tanto los organismos supervisores como las entidades obligadas deben tomar como referencia las amenazas, vulnerabilidades y sectores de mayor exposición identificados para calibrar sus propios sistemas preventivos y asignar recursos de control de manera proporcional a dichos riesgos.

A quién afecta

El impacto del ANR 2026 se extiende a todos los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Es preciso recordar que el alcance concreto de las medidas y la intensidad de los controles dependen directamente de la actividad, la tipología de clientes, los canales de distribución y el volumen de negocio de cada organización.

Entre los colectivos y sectores directamente concernidos se encuentran:

  • Sector financiero y asegurador: entidades de crédito, entidades de pago, empresas de servicios de inversión y compañías aseguradoras autorizadas para operar en ramos de vida u otros productos de inversión.
  • Sector inmobiliario y promotores: agencias inmobiliarias, intermediarios y entidades dedicadas a la promoción y compraventa de inmuebles.
  • Profesionales y asesores: auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores, así como abogados y procuradores cuando participan en determinadas operaciones societarias o financieras en nombre de sus clientes.
  • Otros sectores específicos: operadores de juego, comercio de bienes de alto valor, servicios relacionados con activos virtuales y fundaciones o asociaciones, según su nivel de operativa.
  • Órganos de administración y directivos: responsables de cumplimiento normativo (Compliance Officers), miembros del órgano de control interno y administradores, sobre quienes recae el deber de velar por la eficacia de los sistemas preventivos.

Cómo se soluciona

Para mitigar el riesgo de incumplimiento y mantener los sistemas de control alineados con las expectativas de los organismos supervisores, las empresas y profesionales sujetos a la normativa deben seguir una serie de pautas prácticas:

1. Revisión de la autoevaluación del riesgo

Las organizaciones deben contrastar su matriz de riesgos interna con las conclusiones y vectores de amenaza descritos en el ANR 2026. Si se detecta que determinados productos, canales o perfiles de clientes presentan un nivel de riesgo superior al valorado anteriormente, la evaluación individual de la entidad debe actualizarse de forma justificada.

2. Calibración de las medidas de diligencia debida

En función de los resultados del análisis actualizado, corresponde ajustar los procedimientos de identificación formal, titularidad real y conocimiento del cliente (KYC), aplicando medidas reforzadas en aquellas áreas o tipologías operativas que concentren mayores vulnerabilidades según el criterio supervisor.

3. Actualización documental y de procedimientos

Es indispensable revisar el manual de prevención del blanqueo de capitales, los protocolos de detección de operaciones sospechosas y los mecanismos de comunicación interna, asegurando que reflejen de manera coherente el enfoque basado en el riesgo vigente.

4. Formación continua y planes de control

El personal con funciones operativas o de control debe recibir formación específica sobre las tipologías y escenarios de riesgo emergentes. Asimismo, los órganos de control interno deben verificar periódicamente la eficacia práctica de las medidas implantadas.

Cómo te ayuda Grupo SG

En Grupo SG acompañamos a las empresas y sujetos obligados en la correcta adecuación a las exigencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A través de nuestros servicios de SG Vigilancia Normativa y SG Normativa Certificada, analizamos la exposición de su entidad, actualizamos sus matrices y manuales de prevención conforme al ANR 2026 y diseñamos sistemas de control interno sólidos y proporcionados a su actividad.